Capítulo I Ejecución de sentencias dictadas por los tribunales del Estado

Debe ejecutar las sentencias, el Juzgado que las hubiere pronunciado en primera instancia.

Dentro de los tres días siguientes a la última notificación de una sentencia de apelación o de queja, el Tribunal Superior de Justicia enviará testimonio de ella y de las notificaciones al inferior, devolviéndole, en su caso, los autos de primera instancia.

El testimonio a que se refiere el artículo anterior se llama ejecutoria, y siempre que se expida se hará constar en los autos.

Si la sentencia cuya ejecución se pide, condena a hacer alguna cosa, el Juez señalará a la parte que fue condenada, un plazo prudente para el cumplimiento, atendidas las circunstancias del hecho.

Si pasado el plazo el obligado no cumpliere, se observarán las reglas siguientes:

I.- Si el hecho fuere personal del obligado y no pudiere prestarse por otro, se le apremiará por los medios establecidos en el artículo 131, sin perjuicio del derecho para reclamar la responsabilidad civil;

II.- Si el hecho pudiere prestarse por otro, el Juez nombrará persona que lo ejecute a costa del obligado, en el término que le fije;

III.- Si el hecho consiste en el otorgamiento de alguna escritura u otro instrumento, lo ejecutará el Juez, expresándose en el mismo que se otorga en rebeldía.

Si la sentencia condena a no hacer, su infracción se resolverá en el pago de daños y perjuicios y si hay obra material se destruirá ésta.

Si la sentencia que se trata de ejecutar no condena a una cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, presentará su liquidación de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada.

Si la parte condenada nada expusiere dentro del término fijado en el artículo anterior, se decretará la ejecución por la cantidad que importe la liquidación.

Si la parte condenada expresare, dentro del término, su inconformidad con la liquidación, se dará vista de las razones que alegue a la parte promovente la que contestará dentro de tres días, fallando el Juez dentro de igual término lo que estime arreglado a derecho.

No cabe recurso contra las resoluciones a que se refieren los artículos 575 y 576

Cuando se pida la ejecución de sentencia, una vez determinado su importe en una cantidad líquida conforme a los artículos anteriores, si no hay bienes embargados, se procederá al embargo, observándose lo que en este Código se dispone para el secuestro judicial y para el juicio ejecutivo.

Contra la ejecución de la sentencia o convenio sólo se admitirán las siguientes excepciones:

I.- La de pago si la ejecución se pide dentro de ciento ochenta días;

II.- Las de transacción, compensación y compromiso en árbitros si se pide dentro de un año, pero después de ciento ochenta días;

III.- Las de novación, comprendiéndose en ésta la espera, la quita, el pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que modifique la obligación, si la ejecución se pide después de transcurrido un año.

Las excepciones a que se refiere el artículo anterior deberán ser posteriores a la sentencia o convenio y constar por documento público, por documento privado judicialmente reconocido o por confesión judicial.

Los términos fijados en el artículo anterior, se contarán desde la fecha de la sentencia o convenio, a no ser que en ellos se fije plazo para el cumplimiento de la obligación, caso en el cual se contará el término desde el día en que se venció el plazo o desde que pudo exigirse la última prestación vencida, si se tratare de prestaciones periódicas.

Podrá también oponerse la excepción de falsedad de instrumento, siempre que la ejecución no se pida por virtud de ejecutoria o convenio constante en autos.

Las excepciones podrá oponerlas el deudor dentro de los tres días siguientes al embargo, acompañándose el instrumento en que se funden, o pidiendo la confesión o el reconocimiento judicial.

No se admitirán las excepciones a la ejecución si no se oponen en la forma establecida en el artículo anterior.

La oposición a la ejecución se tramitará en la forma de incidente y la interlocutoria que en él se dicte no admite recurso alguno.

Si la interlocutoria tiene por probada la excepción o excepciones opuestas a la ejecución, declarará que la ejecutoria estaba ya cumplida.

Si se desechan las excepciones y los bienes embargados fueren dinero, sueldos, pensiones o créditos realizables en el acto, se hará pago al acreedor en los términos de la sentencia.

Los bienes embargados se rematarán de acuerdo con las disposiciones de este Código.

No son recurribles las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia.

Todos los gastos y costas que se originen en la ejecución de una sentencia, serán a cargo del que fue condenado en ella.

La acción para pedir la ejecución de una sentencia, transacción o convenio, durará tres años, contados conforme al artículo 581.

Todo lo que en este capítulo se dispone respecto de las ejecutorias comprende las transacciones, convenios judiciales y laudos que ponen fin a los juicios arbitrales.

Las transacciones y los convenios celebrados en juicio serán ejecutados por el Juez que conozca del negocio. (F. DE E., P.O. 26 DE NOVIEMBRE DE 1980)

Si las transacciones o convenios se celebraren en segunda instancia, serán ejecutados por el Juez que conoció en la primera, observándose en lo conducente lo prevenido en el artículo 569

La ejecución de transacción, en la vía de apremio que establece este capítulo, no procede si no consta la transacción, en escritura pública o judicialmente en autos.