Capítulo I Disposiciones generales

La jurisdicción voluntaria comprende los actos que, por disposición de la ley, o por solicitud de los interesados, requieran la intervención judicial, sin que esté promovida ni se promueva controversia entre partes determinadas.

No puede el Juez ordenar en jurisdicción voluntaria la entrega de la posesión de un bien.

Cuando el Juez estime necesaria la audiencia de una persona, la citará legalmente, para que exponga dentro de tres días lo que a su derecho importe.

Cuando fuere necesario podrá oírse también dentro de otros tres días, al que haya promovido las diligencias.

Se admitirán sin formalidad alguna las pruebas que se ofrezcan.

Si a lo solicitado o resuelto se opusiere alguna persona que tenga interés, el Juez declarará contencioso el negocio, y se tramitará éste en juicio ordinario.

Si la oposición se formula por quien no tenga interés para ello, el Juez la desechará de plano y continuará el procedimiento de la jurisdicción voluntaria.

El Juez podrá variar o modificar las providencias que dictare, sin sujeción estricta a las formas y términos establecidos para la jurisdicción contenciosa.

Se oirá al Ministerio Público:

I.- Cuando la solicitud promovida afecte al orden público;

II.- Cuando lo solicitado tenga relación con derechos o bienes de un establecimiento público, sin que por esto deje de oírse al representante de éste, si lo hubiere;

III.- Cuando del negocio promovido en jurisdicción voluntaria se relacione con bienes de un ausente.

La resolución que niegue lo solicitado en jurisdicción voluntaria es recurrible en queja.