Artículo 6 Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa

Son facultades del Ministerio Público, las siguientes:

I. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en el ámbito de su competencia, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad;

II. Iniciar la investigación que corresponda de oficio o a petición de parte, cuando tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la Ley correspondiente señale como

delito, para lo cual deberá recabar la denuncia, querella o requisito equivalente que establezca la Ley;

III. Formalizar la detención de los probables responsables de la comisión de delitos en caso de flagrancia o en casos urgentes, en los términos previstos en la Constitución Federal;

IV. Informar a la víctima u ofendido del delito, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que en su favor reconoce la Constitución Federal, los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, la Ley General de Víctimas, la Constitución del Estado, la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, y las demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el alcance de esos derechos, dictando las medidas necesarias para que la víctima reciba atención integral;

V. Ejercer la conducción y mando, en los términos previstos en el artículo 21 de la Constitución Federal, de las autoridades que intervengan en la investigación de los delitos a fin de obtener y preservar los indicios o medios probatorios;

VI. Dictar sin demora una orden de búsqueda y localización de personas extraviadas o desaparecidas cuando reciba denuncia o tenga conocimiento por cualquier vía, de la probable comisión de un delito relacionado con esos hechos;

VII. Ordenar la realización de los actos o técnicas de investigación y la recolección de indicios y/o medios de prueba para el esclarecimiento del hecho delictivo;

VIII. Supervisar la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que tenga noticia del mismo, así como cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos para su preservación y procesamiento;

IX. Realizar el aseguramiento de bienes, instrumentos, sustancias, huellas y objetos relacionados con el hecho delictuoso, dispositivos, medios de almacenamiento electrónico y sistemas de información en general que puedan constituir dato de prueba y en términos de las disposiciones aplicables declarar su abandono en favor del Estado y participar en la disposición final de los mismos;

X. Instruir a los policías de investigación sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o por recolectar, así como de los demás actos de investigación o diligencias que deben ser realizadas;

XI. Coordinar a las autoridades que intervengan en la investigación de los delitos a fin de obtener y preservar los indicios o medios probatorios;

XII. Solicitar informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como la práctica de peritajes y de diligencias para la obtención de datos y/o medios de prueba;

XIII. Recabar datos y/o medios de prueba conducentes a fin de acreditar, determinar y cuantificar el daño de la víctima por el delito sufrido para efecto de su reparación;

XIV. Rendir los informes necesarios para la justificación de gastos no comprobables ejercidos durante el desarrollo de una investigación;

XV. Informarle a los detenidos o imputados en la etapa de investigación, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten;

XVI. Solicitar al órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones, cuando así lo requieran las leyes aplicables;

XVII. Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente en los términos de la Constitución Federal, el Código Nacional, la Constitución del Estado y las leyes aplicables, así como poner a disposición del órgano jurisdiccional a las personas detenidas dentro de los plazos legales y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

XVIII. Informar y facilitar a los detenidos de nacionalidad extranjera, una vez identificada, el ejercicio del derecho a recibir asistencia consular, y comunicar sin demora los hechos y la situación jurídica del detenido a dichas representaciones diplomáticas;

XIX. Dictar las medidas necesarias para que la víctima o el inculpado reciban atención médica de emergencia de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

XX. Poner a disposición de la autoridad competente a los inimputables mayores de edad a quienes se deban aplicar medidas de seguridad ejercitando las acciones correspondientes;

XXI. Realizar las funciones a que se refiere el artículo 18 de la Constitución Federal, respecto de las personas menores de dieciocho años a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la Ley señale como delito competencia del Ministerio Público;

XXII. En todos los procedimientos en que intervenga el Ministerio Público, deberá atender prioritariamente el interés superior de la niñez. Esta atención comprenderá como mínimo las acciones siguientes:

a) Ordenar las medidas administrativas tendientes a la protección física, psicológica y para el sano desarrollo del niño y la niña, y solicitarlas en juicio velando por su efectiva ejecución;

b) Asumir y ejercer la representación legal de menores y adolescentes que carezcan de ella, o si se desconoce si la tienen;

c) Representar legalmente a niñas y niños afectados o impedidos en sus derechos por quien legalmente los represente o tenga obligación de protegerlos;

d) Si su edad lo permite, procurar que las niñas y niños tengan oportunidad procesal para expresar su opinión por sí mismos de manera libre; y

e) Verificar periódicamente, a través de los dictámenes periciales correspondientes, el sano desarrollo físico, mental y social del menor relacionado con algún procedimiento penal, incluidos los que se encuentren bajo la patria potestad, tutela o custodia del inculpado.

XXIII. Ejercer o desistirse de la acción penal, determinar su no ejercicio, el archivo temporal y la facultad de abstenerse a investigar, así como aplicar criterios de oportunidad o solicitar la suspensión condicional del proceso, la apertura del procedimiento abreviado, la reparación del daño, así como formular las demás acciones, determinaciones y resoluciones de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable;

XXIV. Solicitar la cancelación de órdenes de aprehensión, reaprehensión o comparecencia, previa autorización del Fiscal General o del servidor público en quien delegue esta facultad, así como la reclasificación de la conducta o hecho por el cual se haya ejercido la acción penal;

XXV. Solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito;

XXVI. Proporcionar el auxilio a víctimas, ofendidos, testigos y demás sujetos en el procedimiento penal y promover las acciones necesarias para que se provea su seguridad y atención inmediata;

XXVII. Brindar las medidas de protección necesarias, a efecto de garantizar que las víctimas u ofendidos o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del imputado o intervenir en otras diligencias, sin riesgo para ellos;

XXVIII. Dictar las medidas de protección que procedan;

XXIX. Registrar y auditar los casos en que la víctima haya optado por alguna de las vías de solución alterna de conflictos;

XXX. Solicitar las providencias precautorias y medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso, y promover su cumplimiento, así como solicitar la revocación, sustitución o modificación de las mismas en caso de que hayan cambiado las condiciones que justificaron su imposición;

XXXI. Solicitar al órgano jurisdiccional la sustitución de la prisión preventiva oficiosa por otra medida cautelar, previa autorización del Fiscal General o del servidor público en quien delegue esta facultad;

XXXII. Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad que correspondan;

XXXIII. Intervenir en representación de la sociedad en el procedimiento de ejecución de las sanciones penales y medidas de seguridad;

XXXIV. Intervenir en la extradición, entrega o traslado de imputados, procesados o sentenciados, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, así como en cumplimiento de los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte;

XXXV. Solicitar y, en su caso, proporcionar la asistencia jurídica internacional que le sea requerida de conformidad con los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte y lo dispuesto en la legislación aplicable;

XXXVI. Vigilar el cumplimiento de los deberes que a su cargo establece la Ley General de Víctimas, y la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado;

XXXVII. Ejercer la acción de extinción de dominio, así como interponer cualquier medio de defensa legal ordinario o extraordinario que en derecho proceda, en términos de las disposiciones aplicables;

XXXVIII. En los casos en que proceda, expedir constancias de la denuncia por la pérdida o extravío de objetos o documentos, sin prejuzgar de la veracidad de los hechos asentados;

XXXIX. Previo cotejo, autenticar o certificar los documentos materia de su competencia que obren en sus archivos y garantizar que se dé fe de las diligencias que practique, de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes;

XL. Asistir y conducirse con debida diligencia en las actuaciones en que tenga que intervenir de acuerdo a sus atribuciones;

XLI. Intervenir con debida diligencia en los asuntos civiles y familiares en los casos que señalen las leyes y realizar las demás funciones que los ordenamientos jurídicos le señalen;

XLII. Tratándose de adolescentes regirse por el procedimiento especializado conforme a la legislación nacional y demás disposiciones aplicables en la materia;

XLIII. Recibir a los usuarios, registrar la información que proporcionen, orientarlos y canalizarlos al área de mejor resolución dentro del sistema de justicia penal acusatorio, otras instancias gubernamentales o incluso no gubernamentales, privilegiando la aplicación de mecanismos alternativos para la solución de controversias en materia penal;

XLIV. Propiciar acuerdos reparatorios resultado de la sustanciación de mecanismos alternativos para la solución de controversias en materia penal y en su caso aprobarlos en términos de lo dispuesto en el Código Nacional;

XLV. Participar con el carácter que las leyes competentes le confieran en aquellos procedimientos en que así lo determine el orden jurídico aplicable;

XLVI. Presentar la acusación contra el imputado ante la autoridad judicial competente; y

XLVII. Las demás que determinen otros ordenamientos.