Artículo 16 Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa

Son facultades del Fiscal General:

I. Suscribir todos los instrumentos jurídicos que se deriven y sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

II. Supervisar la aplicación de los criterios que al seno de las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública, se emitan para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro ministerial, pericial y policial; así como régimen disciplinario policial;

III. Formular la acusación y las conclusiones correspondientes, cuando el agente del Ministerio Público no lo haya realizado en términos de las disposiciones jurídicas aplicables en materia procesal penal;

IV. Autorizar el no ejercicio de la acción penal;

V. Autorizar la solicitud de la cancelación de órdenes de aprehensión;

VI. Autorizar el desistimiento de la acción penal y la solicitud de no imponer la prisión preventiva oficiosa, la entrega vigilada y las operaciones encubiertas, así como la aplicación de criterios de oportunidad;

VII. Resolver la petición de sobreseimiento conforme a las disposiciones aplicables;

VIII. Expedir y otorgar nombramientos a los integrantes del Servicio de Carrera y demás servidores públicos que integran la Fiscalía General en términos del Reglamento;

IX. Solicitar y recibir de los concesionarios de telecomunicaciones, así como de los autorizados y proveedores de servicios de aplicación y contenido, la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil y los datos conservados, en los términos de las disposiciones aplicables;

X. Pronunciarse respecto a la omisión del Ministerio Público cuando éste no acuerde lo procedente una vez cerrada la investigación;

XI. Solicitar al órgano jurisdiccional que corresponda, la autorización para la intervención de comunicaciones privadas;

XII. Autorizar la aplicación de criterios de oportunidad en términos de la legislación aplicable;

XIII. Autorizar al agente del Ministerio Público para que solicite al órgano jurisdiccional la sustitución de la prisión preventiva oficiosa por otra medida cautelar en los términos y forma que prevea el Reglamento;

XIV. Autorizar la infiltración de agentes para investigaciones, así como los actos de entrega vigilada y las operaciones encubiertas previstos en la Ley y en los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano;

XV. Establecer mediante Acuerdo, los lineamientos para otorgar la libertad provisional bajo caución, resolver el no ejercicio de la acción penal, solicitar la cancelación de órdenes de aprehensión, reaprehensión y comparecencia; el desistimiento, el sobreseimiento parcial o total, la suspensión del proceso, así como cualquier otro acto de autoridad que el Fiscal General determine;

XVI. Solicitar información relacionada con una investigación formalmente iniciada de las entidades que integran el sistema financiero de acuerdo con las disposiciones aplicables;

XVII. Resolver las excusas o recusaciones de los agentes del Ministerio Público y peritos en el procedimiento penal en términos del Reglamento y las disposiciones aplicables;

XVIII. Resolver los recursos que se le interpongan en términos del Reglamento;

XIX. Resolver el recurso de reclamación interpuesto por alguna de las partes sobre la negativa de la reapertura de la investigación o la omisión de investigación por los agentes del Ministerio Público en términos del Reglamento;

XX. Resolver el recurso de inconformidad interpuesto por la víctima u ofendido, en contra del no ejercicio de la acción pena l, prescripción, negativa del Ministerio Público a desahogar diligencias propuestas por alguna de las partes, abstención de iniciar la investigación o la aplicación de un criterio de oportunidad, en términos del Reglamento;

XXI. Dispensar la práctica de la necropsia, cuando la muerte de la persona no sea constitutiva de delito y tratándose de delitos culposos, cuando sea evidente la causa que la originó;

XXII. Otorgar estímulos por productividad, riesgo o desempeño a los servidores públicos que no formen parte del Servicio de Carrera;

XXIII. Establecer criterios generales en materia de recursos humanos, así como para la fijación de los tabuladores y remuneraciones del personal en términos de la legislación aplicable;

XXIV. Imponer al personal de la Fiscalía General, las sanciones que procedan por incurrir en causas de responsabilidad o incumplimiento de obligaciones;

XXV. Emitir las disposiciones normativas relativas a obra pública, administración, adquisición, control, arrendamiento, resguardo, enajenación de bienes y contratación de servicios; registro y control del patrimonio; así como en materia de programación, planeación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos estatales que formen parte de su patrimonio, en términos de lo previsto en la legislación aplicable, con base en resultados, constitución y operación de Fondos, así como la normatividad necesaria para el adecuado funcionamiento de la Fiscalía General;

XXVI. Integrar y participar en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;

XXVII. Participar en las instancias de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública o de cualquier otro sistema u órgano colegiado donde la presente Ley prevea su participación;

XXVIII. Suscribir convenios de colaboración, coordinación y concertación, en materia de capacitación, investigación de delitos o en cualquier otra materia, que resulten necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus funciones;

XXIX. Promover la homologación de los sistemas de compilación, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de información para la investigación científica de los delitos;

XXX. Coordinar y supervisar el suministro, intercambio, sistematización, consulta, análisis y actualización de la información que se genere en la Fiscalía General en materia de procuración de justicia, a través de los sistemas e instrumentos tecnológicos que correspondan;

XXXI. Instruir la aplicación de los criterios formulados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública para los Programas Nacionales de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública, con respecto a los funcionarios que ejercen función de investigación de delitos;

XXXII. Vigilar la aplicación de los Programas Rectores de Profesionalización de las instituciones de procuración de justicia y policiales, en términos de los criterios emitidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública;

XXXIII. Conocer los resultados de los procesos de Evaluación y Control de Confianza y determinar lo conducente para fortalecer los márgenes de seguridad, confiabilidad, eficiencia y competencia del personal de la Fiscalía General; y

XXXIV. Las demás que prevean otras disposiciones jurídicas aplicables.

Las facultades previstas en esta Ley u otras leyes podrán delegarse en los servidores públicos que el Fiscal General determine mediante acuerdo, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.