Artículo 22 Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California

Obligaciones del Ministerio Público. Son obligaciones del Ministerio Público las siguientes:

I. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte;

II. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las disposiciones legales aplicables, sobre hechos que puedan constituir algún delito;

III. Investigar la veracidad de los datos aportados en denuncias o querellas, en términos de la legislación;

IV. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las policías y a los peritos durante la misma;

V. Ordenar o supervisar, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, así como cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos para su preservación y procesamiento;

VI. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas determinaciones y las del órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación;

VII. Ordenar a la policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de actos de investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las que dichas autoridades hubieren practicado;

VIII. Instruir a las policías sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o por recolectar, así como las demás actividades y diligencias que deban llevarse a cabo dentro de la investigación;

IX. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba;

X. Solicitar al órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales;

XI. Ordenar, de manera fundada y motivada, la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales;

XII. Brindar las medidas de protección necesarias para garantizar que las víctimas, ofendidos o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos;

XIII. Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer la facultad de no investigar en los casos previstos por el Código Nacional de Procedimientos Penales;

XIV. Decidir la aplicación de criterios de oportunidad en los casos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la presente ley y su reglamento;

XV. Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio a víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, policías, peritos y, en general, a todos los sujetos que con motivo de su intervención en el procedimiento, cuya vida o integridad corporal se encuentren en riesgo inminente;

XVI. Ejercer la acción penal cuando proceda;

XVII. Poner a disposición del órgano jurisdiccional a las personas detenidas dentro de los plazos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos penales;

XVIII. Promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, de conformidad con el Derecho y los principios de subsidiariedad y fragmentariedad penal; proporcionando la información necesaria a las partes;

XIX. Solicitar las medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso, en atención a las disposiciones conducentes y promover su cumplimiento;

XX. Comunicar al órgano jurisdiccional y al imputado los hechos, así como los datos de prueba que los sustentan y la fundamentación jurídica, atendiendo al objetivo o finalidad de cada etapa del procedimiento;

XXI. Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas, las medidas de seguridad o de ambas cuando correspondan;

XXII. Solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito, sin perjuicio de que éstos lo pudieran solicitar directamente;

XXIII. Dictar sin demora una orden de búsqueda o localización de personas, extraviadas o desaparecidas cuando reciba denuncia por la probable comisión de un delito relacionado con esos hechos;

XXIV. Informar a la víctima, ofendido del delito o imputado, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, de los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, los tratados e instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y las demás disposiciones aplicables, así su alcance;

XXV. Garantizar la presencia de un traductor o intérprete para personas, cuando sea necesario;

XXVI. Informar y facilitar a los detenidos de nacionalidad extranjera el ejercicio del derecho a recibir asistencia consular por las embajadas o consulados, y comunicar sin demora esos hechos a dichas representaciones diplomáticas;

XXVII. Dictar las medidas necesarias para que la víctima reciba atención médica de emergencia;

XXVIII. Realizar las acciones conducentes respecto de las personas menores de dieciocho años que hubieren incurrido en acciones u omisiones que la ley señale como delito;

XXIX. Solicitar cuando sea procedente, la cancelación de órdenes de aprehensión o comparecencia, así como la reclasificación de la conducta o hecho por los cuales se haya ejercido la acción penal;

XXX. Cumplir los deberes que a su cargo establece la legislación general y estatal en materia de protección a víctimas, así como en materia de protección a personas intervinientes en el proceso penal;

XXXI. Brindar información sobre las competencias, trámites y requisitos del proceso penal y de los mecanismos alternativos cuando sea solicitada o se advierta necesaria;

XXXII. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución;

XXXIII. Garantizar la perspectiva de género en la investigación y persecución de los delitos y en el ejercicio de la acción penal;

XXXIV. Ejercer la conducción y mando de los policías de investigación y de los peritos; así como de otros cuerpos policiales y auxiliares cuando sea procedente la colaboración en los términos que este y demás disposiciones legales establezcan, y

XXXV. Las demás que señalen las disposiciones legales vigentes.

Las autoridades estatales y municipales les prestarán sin demora la colaboración que requieran para el cumplimiento de dichas obligaciones.